República Dominicana era uno de los pocos países que no tenía una ley de Alianzas Público Privadas (APP).
Con la normativa, hay oportunidades para promover el desarrollo de proyectos de gran escala sin comprometer a corto plazo la capacidad de endeudamiento del Estado.
En términos simples, una alianza público privada, de acuerdo con el Banco Mundial, es un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.
De esa manera, se promueve el crecimiento económico, la generación de empleos, así como al alivio de las finanzas del Estado.